Independientemente de que se esté o no a favor de la concertada, hay una normativa que la contempla y hay que cumplirla o cambiarla, pero no es opcional incumplir las reglas que están aprobadas para este tipo de centros. Una de esas reglas es que a los alumnos que cursan sus estudios subvencionados en ellos no se les pueden cobrar ningún tipo de cuotas. Recientemente, se ha enviado una carta a los padres de los alumnos de un conocido centro concertado de una localidad levantina, en el que se informa de que la «aportación voluntaria» va a subir. No solo eso, también se pide que los padres y/o madres de los alumnos que no van a contribuir «voluntariamente» a engrosar las arcas del colegio, que informen directamente al colegio de que no van a contribuir, indicando los datos de sus hijos.
En la Biblia se cuenta que se marcaron las puertas de los judíos para que mataran a los recién nacidos. Los nazis también marcaban a judíos, gitanos. Los fascistas españoles señalaban a republicanos, maricones y librepensadores en general. Hoy, en los centros que son sostenidos con fondos públicos, se marca a las familias que se niegan a pagar el impuesto revolucionario que no va a sufragar la educación de sus hijos, sino a mantener los beneficios de las empresas que los gestionan, en la forma de una aportación que ya no solo no es voluntaria, sino que sirve para clasificar a los alumnos en función de los beneficios económicos que les generan.
Esto va totalmente en contra del derecho a la educación que dicen perseguir y en contra a la función de servicio público que pretenden representar, ya que al final están usando una subvención pública que les permite ahorrarse gastos y conseguir unos clientes que compren todos los servicios que estos centros ofertan a través de los cuales buscan una rentabilidad que, por ley, no debe existir en los colegios concertados ni en los públicos. Es una estafa a todos los ciudadanos, porque no pretenden prestar un servicio público, sino que todos subvencionemos con nuestros impuestos sus intereses y beneficios privados, cosa que es lícita, enriquecerse con un negocio, pero no cuando se esgrime el derecho a algo tan esencial como la educación y se reafirma el servicio que están dando. O das un servicio público, o montas una empresa privada que te dé beneficios, pero mezclar churras con merinas incumpliendo además la legislación que regula el funcionamiento de los centros concertados, es hacer trampas y usar los derechos públicos, para llenar los bolsillos privados.
Diario de un interino 